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27 de noviembre de 2011

Plan Estrategico Minicipal de Ramon Santana

Prologo del del Plan Estretegico

El desarrollo de zonas rurales desfavorecidas es imposible de alcanzar si se continúan haciendo las cosas como siempre se han hecho. La articulación de voluntad política, organización de la base social y funcionamiento democrático de las estructuras de gobierno a escala local es esencial para aspirar a revertir positivamente una dinámica excluyente y generadora de pobreza. Las cosas no cambiarán por si solas a favor de las comunidades rurales empobrecidas, en todo caso podrían cambiar pero para empeorar aun más. El país está lleno de comunidades con recursos naturales y posibilidades reales de avanzar y crear mejores condiciones de vida para la gente, que siguen colapsadas y empobrecidas en gran medida porque no se generan las condiciones para promover la conjunción de las fuerzas locales en la consecución de metas comunes de crecimiento social y económico.

El diseño de un Plan Estratégico de desarrollo municipal es un paso en la dirección correcta, pero no basta por sí mismo. Debe producirse un desarrollo armónico de una visión estratégica colectiva, consensuada y sostenida en el tiempo, en tanto que los objetivos tampoco se alcanzaran en el corto plazo.
Para el logro de los objetivos de desarrollo y mejoras de las condiciones de vida de la población la sociedad civil, el sector privado actuante y presente en la zona y las entidades estatales, especialmente los ayuntamientos locales, deben definir y asumir sus roles en el esfuerzo y cumplirlos de forma cabal.
Uno de los grandes objetivos del municipio tiene que ver con la promoción de la prosperidad general, en términos de aumentar la riqueza colectiva, desarrollar las potencialidades humanas y mejorar la situación económica, atendiendo su propia diversidad, cultura y potencialidades. En consecuencia, es el municipio quien debe gestionar que se provean los bienes de uso público, el equipamiento colectivo, la provisión de medios e instrumentos que promuevan el desarrollo de las actividades económicas, profesionales y laborales. Asimismo, debe diseñar estrategias que tiendan a la equidad real y efectiva en cuanto a la asignación de los recursos públicos y la adopción de medidas a favor de los grupos sociales discriminados o marginados. En este sentido debe fomentar la participación de todos en las decisiones que afectan la vida de la comunidad, en materia política, administrativa y cultural, desarrollando instrumentos institucionales en su organización y gestión.

Otro objetivo no menos importante, es el aprovechamiento de los recursos disponibles en la localidad de cara al bien común. En este sentido, los gobernantes locales deben utilizar las ventajas comparativas y competitivas de los municipios. El fomento de la solidaridad y de la búsqueda del bien común, debe ser la regla de oro para el mejor aprovechamiento de los recursos de los municipios.

De igual forma, cuando el gobierno municipal hace uso adecuado de los recursos que le trasfiere la nación, está promoviendo los derechos a la educación y la salud y la vigencia del estado social de derecho. Cuando ofrece los espacios para que las y los jóvenes participen, fortalece los derechos de este sector de la población. Cuando brinda espacios de esparcimiento y ofrece las condiciones para la recreación, está garantizando los derechos al deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y a la cultura.

Sin embargo, el municipio no es el único responsable en alcanzar el desarrollo como un ejercicio de los derechos humanos, es más, su plena vigencia desborda el ámbito de competencia de los gobiernos locales. Aspectos como la seguridad humana, la política económica y el diseño del modelo desarrollo, la función de la justicia y la protección de las libertades públicas deben encontrar en el marco legal e institucional nacional, los principales protagonistas. Es equivocado pensar que una descentralización de la política pública de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, descargue de sus responsabilidades primigenias a las autoridades nacionales transfiriendo a los ámbitos locales de gobierno y a la misma comunidad, responsabilidades que las desbordan. En este sentido, es conveniente entonces, una sana coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales de cara a garantizar el desarrollo como un ejercicio de derechos humanos, asumiendo cada una de estas instancias sus responsabilidades y generando complementariedades producto de las sinergias y de las alianzas para el trabajo mancomunado en lo local.

Este ejercicio de planificación surge como una fuerza generadora de ilusión y de esperanzas. Su realización ha sido posible gracias a la participación de las organizaciones de la comunidad y de sus pobladores/as comprometidos/as. Ellos/as son los grandes protagonistas de este esfuerzo, a ellos se debe.

Carlos Arias.
Consultor Encargado de la elaboración del PEMRS.

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